Medio cento de especialistas de Galicia e Portugal déronse cita estes dias na Universidade de Vigo no marco do Congreso internacional Retos del Derecho de Familia ante una sociedad más inclusiva, un evento organizado por docentes da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.
O simposio, que se desenvolveu no edificio Redeiras entre este xoves e venres, tiña como finalidade analizar a situación á que se enfronta o sistema de xustiza en materia de familia e sucesións ante unha sociedade máis inclusiva. Entre os arredor de 50 participantes houbo avogados e avogadas en exercicio, persoal investigador de diferentes universidades de Galicia e Portugal e alumnado do Programa de doutoramento en Xestión e Resolución de conflitos, familia, menores e xustiza terapéutica.
O simposio comezou onte xoves cun acto de apertura no que participaron Esther Pillado, catedrática de Dereito Penal e Tomás Farto, profesor de Dereito Procesual da UVigo, directora e secretario respectivamente do congreso. Ao longo das dúas xornadas, con relatorios e mesas redondas, abordáronse os retos do Dereito de Familia ante unha nova realidade social, poñendo o foco, como explica Tomás Farto, “na vulnerabilidade dos menores nas redes sociais e contornas dixitais, na protección dos menores de idade en situación de desamparo, analizando tamén cuestións actuais relativas aos procesos de familia e para a adopción de medidas de apoio ás persoas con discapacidade ou en materia de sucesións”.
La reciente DANA en Valencia ha puesto en primer plano el marco de responsabilidades y competencias entre el Estado y la Generalitat Valenciana en materia de protección civil y gestión de emergencias. Han sido ya muchas personas: expertas en la materia, docentes, comentaristas de prensa, influencers, profesionales de la abogacía… quienes se han pronunciado sobre este tema y han dado su opinión particular sobre cuál hubiera sido la mejor respuesta ante esta catástrofe por parte de las Administraciones Públicas implicadas.
Para contextualizar jurídicamente la situación, es importante señalar que en lo que respecta a la competencia en materia de protección civil y seguridad pública se producen unas competencias concurrentes del Estado (en virtud de la reserva del artículo 149.1.29 de la Constitución Española) y de las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en sus Estatutos, por lo que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en esta materia, aunque estén subordinadas a “las superiores exigencias del interés nacional en los casos en que éste pueda entrar en juego” (STC 133/1990, de 19 julio, FF.JJ. 5 y 6).
En la Comunidad Valenciana, la competencia corresponde a la Generalitat Valenciana. Esta atribución de competencias queda establecida en el artículo 49.3.14ª del Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y se desarrolla a través de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana. Dicha normativa autonómica asigna a la Generalitat la función de planificar, prevenir y gestionar emergencias en su ámbito territorial, lo que incluye la adopción de medidas preventivas, la elaboración de mapas de riesgo, la activación de protocolos de emergencia, y la adecuada comunicación de alertas a la ciudadanía en situaciones de riesgo.
En el contexto de la DANA en Valencia, la información contrastada y disponible hasta el momento indica que distintas instituciones encargadas no solo de la gestión meteorológica, sino también hidráulica de la Comunidad, emitieron advertencias sobre las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones. En días previos al evento, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) publicó alertas sobre la probabilidad de precipitaciones de gran intensidad en la región, mientras que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE-GV) –institución encargada de desarrollar las competencias que, en materia de emergencias, tiene encomendada la Generalitat –y la Confederación Hidrográfica del Júcar –organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico– aportaron datos que permitían prever riesgos asociados tanto al clima adverso, como al aumento de caudales y posibles crecidas. Además, otras fuentes y medios de comunicación resaltaron la evolución del fenómeno y las previsiones disponibles a medida que se aproximaba la DANA.
Dado este contexto de advertencias progresivas, se disponía de elementos que sugerían una situación de riesgo inminente, lo que podría haber requerido activar de manera preventiva los planes de emergencia y medidas de protección en las zonas susceptibles de inundación, en cumplimiento de la Ley 13/2010 y al Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). Sin embargo, no se ha determinado aún de manera concluyente en qué momento y qué actuaciones preventivas debieran adoptarse, cuestión que sigue abierta para un análisis detallado del cumplimiento de los protocolos de emergencia en el marco de esta situación.
Por otro lado, el Estado también cuenta con una facultad de intervención en casos de emergencia grave conforme a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta ley otorga al Estado competencias para coordinar y colaborar en la gestión de catástrofes naturales, especialmente cuando estas sobrepasan las capacidades de una comunidad autónoma o afectan a un amplio número de ciudadanos. En su artículo 23, se establece que el Estado puede asumir la coordinación de las actuaciones de emergencia cuando los recursos autonómicos son insuficientes o cuando se requiere una respuesta unificada. En concreto, la jurisprudencia constitucional (STC 31/2010, de 28 de junio, recaída sobre el Estatuto de Cataluña) determina que la competencia en materia de protección civil corresponde al Estado cuando esté en juego el “interés nacional”, correspondiendo al propio Estado la coordinación de los medios a emplear por todas las administraciones y la colaboración entre todas ellas.
Aunque a día de hoy ya no es posible revertir las acciones u omisiones previas que se podrían haber tomado en tanto en cuanto hablamos de protección efectiva de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, el ordenamiento jurídico español ofrece alos particulares instrumentos legales para reclamar a la administración los daños sufridos también en casos de catástrofes naturales. En el marco de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se contempla la responsabilidad patrimonial de la administración por los daños derivados de su actuación, normal o anormal, y establece en su artículo 32.1 que solo se eximirá de responsabilidad en casos de fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar, siendo la premisa de la fuerza mayor respaldada por nuestra Constitución en su artículo 106.2. Asimismo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula el procedimiento específico en materia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial, los cuales no solo pueden ser iniciados a instancia de parte (i.e. un ciudadano valenciano afectado por los daños de la DANA), sino que también pueden ser iniciados de oficio (i.e. otra Administración Pública), hecho que resulta también relevante en este caso. En ambos casos, el plazo para solicitar dicha reclamación de responsabilidad patrimonial es de un año. Además, el artículo 67 determina que, en los casos de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas, lo que en este caso puede que dure incluso años.
Para delimitar el ámbito de la responsabilidad patrimonial en eventos naturales, es esencial distinguir entre tipos de riesgo en función de su previsibilidad y de la posibilidad de la intervención humana. Por un lado, podemos hablar de los eventuales “Acts of God” en el derecho estadounidense, los cuales excluyen la responsabilidad administrativa al estar fuera del control humano y encuadrándose en la doctrina de fuerza mayor, es decir, existe un riesgo natural imprevisible, que incluye fenómenos de gran magnitud y alcance colectivo cuyo carácter impredecible, según el conocimiento técnico disponible, impide anticiparlos o prevenirlos mediante medidas ordinarias de diligencia. Por otro lado, el riesgo natural previsible y gestionable se refiere a fenómenos cuya ocurrencia y efectos pueden anticiparse y, en muchos casos, mitigarse mediante intervenciones para reducir la vulnerabilidad o exposición en áreas identificadas como de riesgo en mapas y estudios técnicos.
En el caso de los riesgos naturales, la inclusión o exclusión de hechos en el concepto de fuerza mayor es una cuestión técnica. El concepto de fuerza mayor se define por dos notas fundamentales cuales son el ser una causa extraña exterior al objeto dañoso y a sus riesgos propios, imprevisible en su producción y absolutamente irresistible o inevitable, aun en el supuesto de que hubiera podido ser prevista (STS 5632/1995, de 11 de julio de 1995). En este ámbito se habla de imprevisibilidad y la irresistibilidad desde el punto de vista del conocimiento técnico. En este sentido los informes técnicos basados en la experiencia y el “tempus” van a ser determinantes como es el caso de la STS 1823/1992, de 10 de marzo en el que se reclamaba por lluvias torrenciales que “se producen en ciclos no inferiores a los 500 años”, lo que le confería un indudable carácter extraordinario y la correspondiente calificación de “fuerza mayor”.
La teoría de la responsabilidad patrimonial en este caso subraya que la administración debió haber actuado, ya que las herramientas y los informes estaban a su disposición. La falta de actuación contraviene el principio de diligencia debida y la jurisprudencia sugiere que, en la medida en que el evento es previsible y existen medidas preventivas, la administración tiene una obligación de proteger a la ciudadanía. En materia de inundaciones, la jurisprudencia ya se ha pronunciado en varias ocasiones en nuestro país. En concreto, los tribunales refuerzan esta postura responsabilizado a la administración por no haber actuado adecuadamente ante riesgos conocidos, como el caso de inundaciones del Guadalquivir (SAN de 10 de julio de 2014, recurso 295/12), donde la Sala de lo Contencioso-administrativo determinó que no basta con clasificar una zona de riesgo para eximirse de responsabilidad si no se adoptan medidas activas. Esta Sentencia es, además, de vital importancia en este caso puesto que se pronuncia sobre cuál es la Administración que tiene que responder por los daños en materia de responsabilidad patrimonial, exponiendo el criterio de la misma Sala en las Sentencias de 15 de julio de 2013 (recurso 391/12), 15 de octubre de 2013 (recurso 310/12), 8 de julio de 2014 (recurso 333/12) u otras más recientes, como de 8 de febrero de 2022 (recurso 421/2022), en las que se hace referencia como administración responsable a la Administración encargada de la “gestión material”, incluso estableciendo que “la responsabilidad ha de corresponderle prioritariamente a aquella Administración cuya acción u omisión produjo daños (en caso de que éstos hayan tenido lugar en efecto) y no a aquella que permaneció ajena a los desembalses producidos por estimarse, por aquel entonces, “incompetente”.
A la luz de lo ocurrido y de lo anteriormente expuesto, todavía persisten numerosos hechos que aún no han sido completamente corroborados en el contexto de la DANA de Valencia. La implicación de varios órganos administrativos en la gestión de esta catástrofe complica la identificación de responsabilidades específicas, especialmente debido a la falta de claridad en los protocolos de actuación y en los tiempos de respuesta que cada organismo debería haber observado. Esta complejidad hace que la determinación de la culpa y la diferenciación de los daños que no están sujetos a fuerza mayor sean cuestiones que requerirán un análisis detallado y exhaustivo en el futuro. No obstante, es fundamental reconocer que el ordenamiento jurídico español proporciona a los particulares afectados las herramientas necesarias para reclamar indemnizaciones a través del procedimiento de responsabilidad patrimonial. Será el propio marco legal vigente y la jurisprudencia aplicable en cada caso quienes deberán definir con precisión cómo, quién y en qué medida se asignarán estas responsabilidades, garantizando así la adecuada reparación de aquellos daños que los particulares no tenían el deber jurídico de soportar y que no puedan ser considerados como casos de fuerza mayor.
Paula Gamallo Carballude
Área de Dereito Administrativo, Despacho C-302
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Universidade de Vigo
Converter o profesorado de formación profesional en embaixadores da UE, en transmisores dos seus obxectivos e do seu funcionamento e, sobre todo, dos dereitos sociais e laborais da cidadanía. Esta é a finalidade do proxecto europeo RightsEU, The central role of the European Union's social rights in employment in the Twenty-First Century (O papel central dos dereitos sociais da Unión Europea no emprego no século XXI), que acaba de ser concedido á UVigo no marco do programa Jean Monnet.
Esta iniciativa, que foi presentada este xoves oficialmente no edificio Redeiras, xurde como resposta ás fendas identificadas respecto dos valores democráticos esenciais da Unión Europea. O obxectivo, como explica a súa coordinadora, Emma Rodríguez, profesora da Área de Dereito do Traballo e da Seguridade Social, é “abordar estas necesidades específicas que contribúen a construír sociedades diversas e inclusivas a través da educación e o seu reflexo no emprego sostible”. En concreto, RightsEU centrarase en formar o persoal docente dos centros de educación e formación profesional (FP) mediante a planificación, organización e impartición de contidos específicos da UE. Isto inclúe un enfoque na promoción e o fomento de aspectos esenciais como a igualdade e a non discriminación, a transformación dixital e a intelixencia artificial, a crise climática, o emprego verde, os valores comúns, o compromiso cívico e a inclusión social.
Os pasados meses de abril e maio o Tribunal Constitucional ditou dúas sentenzas que supoñen un cambio profundo na xestión do dominio público marítimo terrestre, que se concreta na xeneralización da competencia autonómica no outorgamento de concesións e que “posiblemente tamén supoña un maior protagonismo na competencia autonómica de regulación”, sinala Juan Antonio Hernández Corchete, profesor de Dereito Administrativo da UVigo. Hernández Corchete, xunto a un grupo de docentes e investigadores da súa área, dirixe as xornadas Cuestións do litoral: visións a partir da doutrina constitucional de 2024 que comezaron este venres no edificio Redeiras e continuarán o día 18 na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo co obxectivo de, segundo o seu director, “contribuír á definición das regras xurídicas que rexen a regulación (a fixación de normas) e xestión (aplicar esas normas a casos concretos) do litoral costeiro”.
Maxistrados e maxistradas do Tribunal Constitucional, do Supremo, de tribunais provinciais, docentes, investigadores e letrados que aplican a norma participan nas xornadas que esta mañá foron inauguradas polo presidente do Xunta, Alfonso Rueda, e a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez. Na súa intervención, o titular do executivo galego enxalzou a Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral (Loxilga) como exemplo da aposta de Galicia polas políticas de aproveitamento sostible dos recursos naturais. “Fixemos unha norma escoitando aos que realmente saben, expertos en dereito administrativo, en economía marítima... Non pretendemos outra cousa que exercer a nosa capacidade co convencemento de que desde aquí o podemos facer mellor e de que hai unha normativa xurídica estatal que debemos acatar”, apuntou. Rueda, que recordou que a Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral, pioneira en España, foi “aprobada polo Parlamento de Galicia sen votos en contra” e avalada polo Tribunal Constitucional o pasado mes de abril, a pesar de quedar paralizada durante meses polo recurso interposto polo Goberno central. O presidente da Xunta indicou que acaba de recibir unha carta do ministro de Política Territorial e Memoria Democrática onde apunta ao “envío próximo” dun primeiro borrador por parte do Goberno central para iniciar o proceso de negociación coa Xunta, que culminaría coa convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias. O titular do Goberno galego tamén fixo fincapé na necesidade de abordar debates sobre novas actividades, como a eólica mariña, asegurando sempre a compatibilidade da preservación “dos dereitos do noso sector pesqueiro, un dos máis potentes de Europa, co desenvolvemento económico e as oportunidades que poden supoñer”.
Con ilusión, como calquera estudante que comeza a súa andaina na etapa universitaria, comezaban este martes as clases os 15 mozos e mozas que cursan o Programa para o Emprego e a Vida Autónoma. Este título propio, impulsado pola Universidade de Vigo en colaboración coas asociacións Down Vigo e Down Ourense e co apoio da Fundación Adecco, ten como obxectivo dotar a persoas con diversidade intelectual de competencias que melloren a súa autonomía, formación académica e preparación laboral como cidadáns activos.
Cun acto de presentación en cada campus arrancaba o segundo e último curso deste programa, que conta con nove estudantes en Vigo e outros seis en Ourense. Aínda que xa coñecen o funcionamento da docencia e a organización do programa, neste curso terán un boa cantidade de novidades, principalmente no que ao profesorado se refire. E é que, como explica Maruxa Álvarez, directora da Área de Emprego e Emprendemento da UVigo, “pasamos de dous docentes o curso pasado, a 15 en Vigo e case outros tantos en Ourense na actualidade”. Algúns deles participaron este martes nos actos de benvida e a todas e todos eles Álvarez trasladou o seu agradecemento pola súa implicación e porque “demostran unha gran dose de sensibilidade”.
O campus volve converterse este outono en centro de debate sobre as cuestións máis relevantes do Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial e Intelectual e faino da man dunha nova edición, a oitava, do ciclo de conferencias sobre estas temáticas, unha actividade xa clásica na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Son cinco sesións teórica-prácticas orientadas, sobre todo, ao alumnado do centro, pero tamén de elevado interese para as e os profesionais que traballan neste ámbito.
A nova edición arrancou este luns pola tarde coa intervención do catedrático Pablo Fernández Carballo-Calero, un dos tres directores do ciclo, e da tamén profesora de Dereito Mercantil da Universidade de Vigo Sara Louredo, que foi a encargada de impartir a conferencia inaugural O deseño industrial rexistrado e non rexistrado: como responder a mercados cada vez máis efémeros?
“O deseño industrial non rexistrado é unha modalidade de protección dos deseños -debuxos, formas, texturas, etc. ou combinación de todo o anterior- que resulta moi áxil e beneficiosa para produtos efémeros, isto é, moda, xoguetaría, mobiliario, etc. porque non pasa por unha oficina, non se pagan taxas, non tarda un tempo en ser concedido...”, explicou Louredo na súa intervención. Nesta liña, a docente fixo fincapé en que cada vez máis industrias teñen produtos cunha vida "estética" breve -aínda que a vida útil poida ser maior- e é interesante coñecer que existe esta tutela. “Ademais, é salientable que desde o 2022 hai unha proposta de modificación lexislativa respecto dos instrumentos europeos que regulan a cuestión, que son unha Directiva e un Regulamento, e que presentan algunhas novidades en canto á dixitalización dos deseños e aos produtos que son empregados como recambios,por exemplo, de automóbiles”, apuntou a relatora desta primeira charla do ciclo.
Hai apenas un mes o Consello de Goberno aprobaba o seu nomeamento como catedrático emérito e esta semana os seus discípulos académicos fixéronlle entrega dun libro homenaxe polo seu 70.º aniversario, unha obra de case 1400 páxinas -divididas en dous tomos- nas que se recollen as achegas de máis dun cento de prestixiosos penalistas sobre a situación actual desta profesión. Falamos do profesor Javier de Vicente Remesal, catedrático en Dereito Penal da Universidade de Vigo desde 1993, institución na que ademais de exercer como docente e investigador desempeñou diferentes cargos de xestión, entre eles o de vicedecano da Facultade de Dereito, decano da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, ou vicerreitor de Profesorado con Domingo Docampo como reitor.
A entrega do libro tivo lugar este martes nun acto celebrado no edificio Redeiras, unha xornada internacional na que coincidiron algún dos docentes que participan na obra, así como o presidente do Consello Social, Ernesto Pedrosa, que se encargou de inaugurar o encontro, e o reitor, Manuel Reigosa, que o clausurou. Foi un acto de “emoción intensa” como subliñaron en numerosas ocasións os seus protagonistas, sobre todo no propio intre da entrega da obra ao profesor de Vicente Remesal de mans dos seus máis estreitos colaboradores: os docentes da Universidade de Vigo Marta García Mosquera e Virxilio Rodríguez Vázquez, os seus discípulos académicos; o catedrático emérito da Universidad de Alcalá, Diego M. Luzón Peña, presidente de honra da Fundación Internacional de Ciencias Penales ((FICP), “pai académico” e gran amigo do homenaxeado desde que se coñeceran en 1977 en Salamanca; e Miguel Díaz e García Conlledo, catedrático en Dereito Penal da Universidad de León, profesor honorario da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da UVigo, patrón da FICP e “irmá académico” do profesor de Vicente.
De que maneira pode España aumentar a calidade dos seus servizos públicos de emprego? Como se poden mellorar as perspectivas laborais das persoas demandantes de traballo? Estas son as dúas grandes preguntas as que trata de responder o catedrático da Universidade de Vigo Jaime Cabeza na súa última publicación Recolocación y colocación: políticas públicas y actores públicos y privados, obra publicada en aberto dentro da Biblioteca Jurídica Digital do Boletín Oficial do Estado e dedicada á memoria do lugués Germán Barreiro González, catedrático de Dereito do Traballo da Universidad de León falecido o pasado mes de decembro.
O libro sitúa ao lector ante o panorama da recolocación e a colocación, dous aspectos que en España se desenvolven no contexto do emprego como realidades practicamente antagónicas: a primeira, no dominio do sector privado, como unha actividades destinada a profesionais cualificados, cunha eficacia contrastada e cunha riqueza de matices moi destacada. A segunda, no ámbito público, xeralizada a toda a poboación desempregada, cunha taxa de éxito moi limitada e unha mala consideración social, prestada dunha forma indiferenciada no contexto de múltiples procedementos burocráticos.
Despois de seis intensas sesións, esta semana concluíu a décimo terceira edición do Ciclo de Actividades sobre Dereito Marítimo e fíxoo coa intervención dunha representante de Axencia Europea de Control da Pesca, a xefa da sección de Recursos Humanos e Asuntos Xurídicos, Rieke Arndt.
O seminario forma parte da programación da materia Dereito Marítimo que se imparte no cuarto curso Grao en Dereito da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Organizado polos profesores Francisco Torres, decano da facultade, e Carmen Costas, este ciclo é unha oportunidade para pórse ao día sobre a operativa das empresas do sector marítimo e portuario e os principais problemas xurídicos derivados do exercicio destas profesións. Dende mediados do mes de marzo, as persoas asistentes, tanto alumnado universitario como persoas alleas ao mundo académico, puideron coñecer diferentes aspectos relacionados co sector marítimo e portuario. Así, o ciclo arrancou un relatorio sobre a operativa de consignación de buques, de man de Roi Gómez, do Kaleido Logistics e continuou cun seminario sobre o impacto da xeopolítica no transporte marítimo e a incidencia deste tipo de factores no comercio internacional, que foi impartido por Eva Ortiz, directora xeral de Eimskip Logistics Spain. Outra das sesións centrouse nos seguros marítimos, prestando especial atención ás reclamacións e coberturas, da man de Rebeca Barbará García, responsable de sinistros marítimos de Mapfre España.